Santiago Maldonado: para exigir la verdad

A cien días de la represión de Gendarmería a la comunidad Pul Lof en resistencia de Cushamen, donde se lo vio con vida por última vez a Santiago Maldonado; la justicia, sus familiares y la sociedad en su conjunto esperan los resultados de los estudios forenses. Los mismos van a permitir determinar la causa y fecha de su muerte, para iniciar el demorado procesamiento de los responsables. Las consignas de Verdad y Justicia se suman para exigir una adecuada investigación, que permita esclarecer e identificar cómo fue su desaparición y asesinato.

Por Tamara Fernández Casal

Hasta la fecha no existe ningún procesado y la causa se encuentra en la etapa de colectación de pruebas. Esta semana se cumplen los plazos previstos por el juez federal Gustavo Lleral para la recepción de los resultados completos de la autopsia, que una vez estudiados permitirán establecer cómo y cuándo fue la muerte de Santiago. Mientras se esperan estos datos fundamentales, la ayuda memoria para recordar las idas y venidas de este caso no está de más. La manipulación política y mediática sobre la causa, pretende dejar de lado que su desaparición y muerte fue luego de una represión ilegal de Gendarmería Nacional a una protesta social.

Una plaza de mayo colmada por 120 mil personas bajo el mismo pedido de justicia, replicándose en diferentes partes del país con masiva convocatoria, dan cuenta del latente reclamo por saber qué fue lo que pasó y donde lo tuvieron durante 78 días. El modo en que su cuerpo fue hallado en el río Chubut, las negativas iniciales de tratarlo como una desaparición forzada de personas, las mentiras difundidas, las demoras en el caso y el entorpecimiento en la investigación por parte del juez apartado de la causa, Guido Otranto, la fiscal Silvina Ávila y el gobierno en su conjunto; sustentan la demanda de una investigación profunda, completa e imparcial que permita llegar a la verdad.

La situación que se instala en los medios de comunicación masivos desde la desaparición de Santiago, traza una marcada línea de acción. La represión a la comunidad mapuche, las violentas detenciones de la Policía en la marcha realizada en Buenos Aires tras un mes de su desaparición, la posterior imputación de esos detenidos, sumado a la pantomima del gobierno nacional al decir que los mapuches son “financiados” por formar parte de una “célula terrorista”; muestran una intención clara de sembrar el miedo y el terror que inicia por “aquellos que quieren destruir el país”.

De esta manera, una vez más, Argentina se da un baño de inmersión en la construcción de un enemigo que quiere “atentar” sobre la sociedad. Haciendo que, en defensa de la propiedad individual y en pos de garantizar la seguridad, se consolide esta figura para legitimar el plan de ajuste, la represión y la limitación de la protesta social. En este contexto de destrucción de “la causa mapuche” en beneficio de tierras en manos de extranjeros, se da la desaparición de Santiago Maldonado.

Recordando los hechos

El 1° de agosto, en medio de una feroz represión de Gendarmería Nacional hacia la comunidad mapuche Pu Luf en resistencia de Cushamen, desaparece Santiago. Su cuerpo fue hallado 78 días después en aguas del río Chubut, en un lugar donde se habían realizado rastrillajes de búsqueda en tres ocasiones anteriores.

El “Brujo”, “Ardilla”, “Vikingo” o “Lechuga”, como lo llamaban sus amigos, estaba en ese lugar apoyando a los mapuches en el reclamo por su derecho ancestral a las tierras donde viven, que como gran parte del territorio del sur argentino, es propiedad de extranjeros millonarios como Benettón o Lewis. Individuos que compraron esas hectáreas con todo lo que había dentro: ríos, lagos, recursos naturales y hasta las personas que allí vivían.

Es en ese marco y en reclamo por la liberación del Lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala, detenido por una causa por la cual ya había sido liberado anteriormente, se realiza una protesta cortando la ruta nacional 40. Para el día siguiente, el corte fue despejado por cientos de gendarmes que por orden del juez federal Guido Otranto, llegaron armados con el equipamiento necesario para poder quedarse hasta el día siguiente y comenzar una represión persiguiéndolos desde la ruta hasta el interior de la comunidad. Ese día, hicieron una verdadera “cacería”, según describieron quienes la padecieron.

Sin orden para ingresar al territorio, lo hicieron igual. Hombres, mujeres, ancianos y niños, vivieron nuevamente un ataque por parte de las fuerzas de seguridad del estado, como había pasado a principios de enero y  fines de junio de este año. Muchos de ellos vieron como ingresaban violentamente a sus viviendas, rompiendo todo a su paso, otros pudieron observar mientras escapaban, como “un grupo de gendarmes se llevaron a Santiago”, que no puedo cruzar el río junto a los demás.

Desde ese momento, inició un despliegue estatal de encubrimiento del accionar de Gendarmería, del paradero de Santiago, de sembrar dudas sobre su real presencia en el lugar, una deslegitimación de la totalidad de la comunidad y de su reclamo. Una vez más, primó la demonización a la víctima, inventando y criticando actitudes de vida. Mientras tanto, se desviaba el foco de  los responsables de su desaparición.

Los mismos integrantes de la comunidad, dieron el dato que el jefe de gabinete de seguridad, Pablo Noceti estaba presente y era quien coordinaba el despeje de la ruta y las actividades de esos días junto a Gendarmería. Esto fue negado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, pero la difusión de una serie de imágenes y vídeos que daban cuenta innegable de su presencia en el lugar de los hechos, hicieron que no se pueda seguir ocultando. Más cuestiones que quisieron esconder: no solo Gendarmería ingresó sin orden judicial a la comunidad, reprimió y disparó con balas de plomo, sino que un alto funcionario del gobierno era quien lideraba el operativo.

La represión

Si bien a esta altura no tendrían que quedar dudas sobre el accionar de Gendarmería, la manipulación de la información y la actitud de muchos que prefieren olvidar o desconocer lo obvio, hacen que no esté de más recordarlo. La desaparición y muerte de Santiago Maldonado existe por la represión de Gendarmería Nacional y por el aval de esa institución.

Tomando como referencia diferentes artículos periodísticos publicados en medios de comunicación que entrevistaron en un primer momento a testigos de la comunidad e integrantes de organizaciones de derechos humanos del lugar, se reconstruye el relato de lo ocurrido.

A las once de la mañana del 31 de julio, un grupo de peñi (hermanos) de la comunidad comienzan un corte de ruta para poder difundir la situación de detención irregular de Facundo Jones Huala y la violencia institucional que sufren hace tiempo. Por la tarde, un Unimog más tres camionetas con efectivos de Gendarmería, se hacen presentes y al llegar a una distancia de cuarenta metros, comienzan a disparar exigiendo de esa manera el despeje del cruce.

Según indicaron los testigos, el grupo se defendió con “ondas de revoleo y piedras”, frente a la brutalidad de las balas de plomo y la agresividad de los efectivos de seguridad. Más tarde leen por altoparlante la orden judicial firmada por el juez Otranto y les dan dos horas para retirarse. Lo hacen y entran a sus hogares.

Por la noche, Gendarmería desvió el tránsito de la ruta para que nadie pueda circular cerca del ingreso a la comunidad. “Liberaron la zona”, explicaron más tarde. A la madrugada, llegan más uniformados, con nuevos vehículos y esperan con luces apagadas hasta las seis y media de la mañana. Empiezan a disparar con balas de plomo y otra vez, las piedras fueron utilizadas como forma de defensa. Minutos más tarde, se detienen las balas y se alejan.

A la mañana siguiente, intentaron retomar el corte de la ruta, pero sin mediar palabra, inició la feroz represión. “Inmediatamente bajó el contingente de unos cien gendarmes y empezaron abrir fuego sin hacer asco a nada”, comentó un integrante de la comunidad en la primera entrevista realizada para un medio a días de lo ocurrido. Ante las balas y la imposibilidad de defenderse, corrieron hasta su territorio, pensando que solo buscaban despejar la ruta. No fue así. Los siguieron con igual violencia, se acercaron al alambrado de la comunidad con el camión seguido por gendarmes que no dudaron en continuar disparando. Rompen el candado de la tranquera y entran todos los efectivos al grito de “agarren a uno, agarren a uno”.

Con la desesperación de escapar de “la lluvia de balas”, corren y desde diferentes lugares se tiran al río para evitar ser alcanzados por los disparos. Ese mismo río que, según testigos, Santiago no pudo cruzar.  “Mientras íbamos nadando, la Gendarmería igual nos seguía tirando adentro del agua. Nos tiraban con nueve milímetros, con escopetas y con piedras. No les importaba nuestra vida a la Gendarmería. Ellos vinieron a matar a uno acá. El compañero nadó hasta una parte y al ver que las piedras llovían de arriba y los tiros no cesaban, decidió volverse para la orilla. Y ahí es donde hay otro peñi que lo ve al compañero Santiago agarrado de una rama, con el agua hasta las rodillas y los gendarmes arriba. Y después hay otro peñi que también ve a tres efectivos de la Gendarmería que están golpeando a alguien que no logra reconocer”, datos que un testigo aportó a Revista Cítrica cuando se acercó al lugar.

Otros testimonios dicen que el Unimog sale cargado de la comunidad y una vez afuera, se acerca a una camioneta que parte rumbo a Esquel, pero vuelve vacío. Según los datos adquiridos del informe de Gendarmería, esa misma camioneta tardó 12 horas en regresar. Esto sumado al lavado inmediato de todos los automóviles utilizados, gracias a una “sugerencia” de un funcionario del gobierno; muestran la red de encubrimiento sobre la desaparición y muerte de Santiago.

Estos mismos testimonios, fueron incorporados a la causa y dejados de  lado a su vez por el poder judicial encargado de investigar. Con la excusa de la ministra de seguridad Patricia Bullrich de “no tirar un gendarme por la ventana”, no apartaron ni a uno durante mucho tiempo, dándoles la ventaja necesaria para seguir tapando pruebas.

Las víctimas empezaban a construirse como victimarios, como mentirosos. Igual que Santiago, ya que desde el gobierno nacional inventaron muchas hipótesis para justificar su desaparición. Desde cuestiones infundadas, negadas por sus amigos y familiares, como por ejemplo que formaba parte del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y que había “pasado a la clandestinidad en Chile”, o que en realidad no había estado allí el día de la represión. Esto último, a pesar de tener evidencia de su presencia, como la boina que le pertenecía encontrada en el primer rastrillaje. Y aunque al día de hoy no quedan dudas, en su momento gracias a su familia, testigos y las imágenes que unos pocos medios locales habían captado del corte de la ruta 40, se lo identificó junto a los demás miembros de la comunidad en el lugar. Igualmente, de esos inventos de los funcionarios encargados de buscarlo, parece que pocos se quieren acordar.

La búsqueda

Sergio y Andrea, son las caras visibles de una familia entera. Junto a su hermano Germán, su pareja y sus padres, comenzaron a exigir que se realice una correcta investigación para poder encontrarlo con vida. Pero quizá, por cercanía, los dos primeros se pusieron al frente. Vivir en Bariloche, les permitía viajar con rapidez a la zona de Esquel, donde se encuentra, también la Fiscalía encargada de la búsqueda de Santiago. La misma que rechazó hasta más no poder el cambio de caratula de la causa de “búsqueda de paradero” a “desaparición forzada de personas”.

En el primer rastrillaje, realizado el 5 de agosto, se abarcó un recorrido de 400 metros hacia el sur desde el lugar que se lo vio por última vez. En el mismo, encontraron la boina y los perros adiestrados reconocieron su rastro que se pierde sobre el río. Recién a diez días de su desaparición, allanan los escuadrones de la Gendarmería de Esquel y del Bolsón, donde las camionetas habían sido lavadas y tenían violentadas las fajas de seguridad. Dicen no tener filmaciones del operativo, ni haber utilizado el Unimog, cuando vídeos de testigos lo muestran salir del territorio. Mienten en la cantidad de efectivos que participaron del operativo, cuestión que se demostró veinte días después cuando entregan el listado. Eso tampoco sirvió para que el juez admita que Gendarmería tenía que ver con su desaparición, por el contrario, son incorporados a la investigación y acceden al expediente que estaba bajo “secreto de sumario”.

Lejos de llevar adelante una investigación adecuada, culparon a sus familiares de “no colaborar” y en vez de destinar personal suficiente para buscarlo e investigar, empiezan a hacer “inteligencia” sobre cada integrante de la familia Maldonado. Se ofrece una recompensa de 500 mil pesos y las denuncias sobre su paradero no se detienen por límites entre provincias. Lo veían en Buenos Aires, en Entre Ríos, en las Rutas del sur, entre otros lugares. Mientras tanto, se seguía desviando el foco e instalando la idea que se había ido por cuenta propia hacia algún lado. Los medios masivos de comunicación, reprodujeron cada renglón del discurso oficial, como lo hacen hasta ahora.

Ante la existencia de testigos de la comunidad que temían posibles represalias por parte de las fuerzas de seguridad y no querían declarar dando sus datos personales, la justicia autoriza que fiscales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) tomen esos testimonios, bajo “identidad reservada”. Muchos de ellos, luego se acercaron ante el juez con su DNI en mano para decir aquello que vieron.

El segundo rastrillaje, realizado el 16 de agosto en el interior de la comunidad mapuche, se encontró un collar de Santiago, en el mismo lugar donde los testigos indicaron que los gendarmes lo golpearon y a escasos 100 metros del hallazgo anterior. En esta oportunidad, el radio a rastrillar fue de 15 km río abajo.

Ese mismo día la ministra de seguridad Patricia Bullrich hace una disertación muy ensayada en el Senado ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde principalmente aseguró que no era una desaparición forzada de personas porque Gendarmería no tenía nada que ver. Allí mismo, tampoco titubeó al dar a conocer nombre, apellido y ubicación de un amigo de Santiago que estaba bajo el régimen de “testigo protegido con identidad reservada”. Ariel Garzi, lo denuncia días después y hace público su testimonio. Al día siguiente a la desapareció de Santiago él lo llamo a su celular y alguien atendió la llamada durante 22 segundos. No era un aporte menor, pero hasta la fecha no está realizada en forma completa la pericia de esa llamada.

El 11 de agosto se realiza la primera marcha donde el país reclamó por su aparición con vida. Organismos de derechos humanos y las Madres de la Plaza de Mayo, comenzaron a acompañar a la familia en el dolor. Diez días después, representantes de estos organismos participaron de una reunión con Bullrich y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano para hablar de esta desaparición forzada pero la arrogancia de los funcionarios levantó el encuentro. Un audio difundido y la conferencia de prensa de Madres de Plaza de Mayo dieron muestras de esta actitud.

Ante las evidentes pruebas, la presión de estos organismos, la manifestación pacífica en las calles, las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la medida cautelar presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se logra cambiar la caratula de la causa a “Desaparición forzada de personas”. La implicancia de la fuerzas de seguridad pasan al centro de la investigación.

La medida de la CIDH, intimó al Estado para que dé respuesta sobre lo realizado hasta el momento y alertó que los “derechos a la vida y la integridad personal” estaban en “situación de grave riesgo, porque se desconoce su paradero hasta la fecha”. Establecieron la existencia de una “gravedad y urgencia de la situación”, ya que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye una situación irreparable. La justificación de esta medida se basa en la descripción de la constante negación del Estado argentino y la justicia, sobre la presencia de Santiago en el lugar durante la represión.

El 29 de agosto, la familia Maldonado, mientras se encargaba de desmentir las innumerables noticias e información falsa que circulaban por los medios de comunicación en relación a Santiago y la causa; eleva a través de su abogada Verónica Heredia, una petición dirigida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, Germán Garavano. En la misma se solicita principalmente que se garantice una “investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicita la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren”. El único objetivo: contar con una investigación “seria e imparcial”.

Días después, el jefe de gabinete Marcos Peña fue el que informó al representante regional de la ONU, que no era necesario incluirlos, ya que “la justicia está trabajando bien y la investigación está avanzando”. Dejando de lado la insistencia de los familiares y de Amnistía Internacional de Argentina.

De no tirar a ninguno a intentar tirar algunos “descarriados”

A mediados de septiembre, ya sin Bullrich como vocera, el gobierno reacomoda su discurso y empieza a hablar de una “posible responsabilidad de Gendarmería”. Pero no de la fuerza en su conjunto, sino de alguno al que “se le puede haber ido la mano”, o como dijo livianamente y entre risas el coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa: “Lo que más probablemente haya pasado o lo peor que podría haber pasado es que algún gendarme suelto le haya pegado a Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente. Eso no podría ser parte de un plan del gobierno”. Una clara estrategia para desviar la investigación hacia un homicidio culposo, dejando de lado la desaparición forzada, tal y como denunciaron por esos días sus familiares.

El “avance” al que hacía referencia Peña, y por el cual se niega la participación como veedora en la investigación a la comisión de expertos de la ONU, es la nueva línea de investigación. Basada en un accionar violento e “indebido” de un pequeño grupo de gendarmes que podrían haber “actuado solos y separados de su grupo”.

La solicitud de la recusación del juez de la causa por parte de la familia, desmienten las palabras del jefe de gabinete por el nulo avance de la investigación. Allí requieren la unificación de las causas y los expedientes por la desaparición forzada de Santiago, renuevan en pedido de incorporar a la ONU y piden el apartamiento del juez y su reemplazo por uno “eficiente” e “imparcial”. Hay que recordar que Guido Otranto es el mismo juez que dictó la orden de desalojo el 1° de agosto y es reconocido por tener “actitudes antimapuches”.

El discurso oficial y la idea que intentaron instalar sobre unos “pocos actuando en soledad”, se fue desdibujando. El peritaje de 70 celulares secuestrados en los allanamientos realizados en el escuadrón de Gendarmería, los falsos testimonios de dos gendarmes que declararon haber sido heridos al despejar el corte de la ruta; aceleraron la caída de la “hipótesis” del gobierno. Tanto Emanuel Echazú como Ernesto Yañez, mintieron al afirmar que los hirieron fuera de la comunidad. Testimonios de sus propios compañeros, muestran que volvieron lastimados desde la vera del río. Esto hace caer la supuesta aplicación de la figura de flagrancia con la que justificaban el ingreso al territorio sin orden judicial, autorizado por altos mandos: el comandante del operativo Pablo Escola, el comandante mayor de Gendarmería, Diego Balari, y Pablo Noceti.

Del peritaje de los celulares, se obtuvieron imágenes del operativo del 1° de agosto que supuestamente “no existían”, y conversaciones entre gendarmes que no dejan lugar a dudas sobre la utilización de balas de plomo y una brutal represión. El mensaje más difundido: “Les dimos corchazos para que tengan“.

A los pocos días, cambian la idea de los gendarmes “sueltos”. El juez Otranto afirma a los medios de comunicación que la principal presunción  es que “se ahogó en el río Chubut”. Aunque los buzos que estuvieron en el primer rastrillaje, determinaron que el río tenía poca profundidad y poca corriente.

El show mediático del tercer rastrillaje

Trescientos efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), del Grupo Albatros de la Prefectura Naval y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, drones, buzos, perros rastreadores y helicópteros se desplegaron el 18 de septiembre en el territorio de la comunidad mapuche. Ningún integrante de la familia, ni representantes de organismos de derechos humanos estuvo habilitado para asistir, solo se enteraron por los medios.

Sergio Maldonado, explicó indignado desde la tranquera de ingreso a la comunidad, que el propio juez le dijo “en la cara que no podía pasar” y expresó: “mi temor es que vayan y lo tiren a mi hermano ahí adentro”. Aclaró que iba a denunciar al juez por todas las irregularidades en la investigación y que si encontraban algo ese día sin testigos de la querella, se podía pedir una impugnación. No encontraron nada.

Al día siguiente, se dirigieron al juzgado federal de Esquel para solicitar información sobre los resultados del operativo y no fueron recibidos.

La insistencia de Noceti

Entre los audios encontrados en los celulares, existe uno que complica bastante al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, pero hasta hoy es un tema no abordado por la justicia. Uno de los audios del teléfono del sargento Sergio Sartirana sugiere que el ministro ordenó esconder los vehículos de la Gendarmería que participaron en el ataque contra la comunidad mapuche. Dan cuenta de un mensaje  que recibe donde le avisan que Noceti les indicó que “libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo (…)” Al día siguiente, 4 de agosto, Sartirana recibió en su teléfono celular un audio explicativo sobre el mensaje de Noceti: “saquen los vehículos de ahí, que escondan”. Optaron por lavarlos.

El nuevo juez y el hallazgo del cuerpo

El 22 de septiembre, ocho días antes de la masiva marcha realizada a lo largo y a lo ancho del país por cumplirse dos meses de su desaparición, La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, ordenó la recusación en contra de Guido Otranto, solicitada por la familia Maldonado y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Se designó a cargo del expediente al titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral.

Días después, La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional sesionó en Esquel y al finalizar, se reunieron con el juez, quien aseguró que la principal hipótesis en la investigación apunta a Gendarmería y que decidió que los abogados de la fuerza nacional ya no tengan vista de la causa.

Luego de interiorizarse con el expediente y ponerse en contacto con los familiares e integrantes de la comunidad de Cushamen, ordena un nuevo rastrillaje en el territorio. Según estableció en la resolución donde ordenó el procedimiento, el prefecto principal Leandro Antonio Ruata de Prefectura Naval Argentina “le aconsejó volver a inspeccionarlo con el argumento de que el río tiene muchas zonas irregulares y ramas en las que un cadáver podría haber pasado inadvertido en las anteriores recorridas”.

El juez estableció en un informe fechado el 13 de octubre, que “el objeto de este proceso de hábeas corpus es dar con la persona de Santiago Maldonado y, de esta manera, dar respuesta al derecho a la verdad que poseen sus familiares”, es importante realizar “un nuevo rastrillaje en el cauce del Río Chubut y sus márgenes, comenzando el mismo dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, Cushamen, lugar donde se lo habría visto, por última vez, a Santiago Andrés Maldonado.”

Este cuarto rastrillaje llevado a cabo el 17 de octubre, fue realizado por buzos tácticos de Prefectura Naval (sin portación de armas) y canes de la División Cinotecnia. El prefecto Ruata fue quien lideró el operativo que no contó con la presencia de otra fuerza excepto Prefectura y la Policía Federal. Sergio Maldonado, su pareja Andrea Antico, la abogada Verónica Heredia e integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), participaron por primera vez como veedores del mismo, acompañados por miembros de la comunidad y el juez Gustavo Lleral.

Según el informe difundido ese día por la Fiscalía de Esquel, a poco tiempo de dar iniciado el rastrillaje, “en horas del mediodía, se halló un cuerpo sin vida en el Río Chubut, aproximadamente a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1° de agosto de 2017”. Se encontraba enganchado en las ramas de los sauces, apenas sumergido.

Varias horas pasaron hasta que pudieron retirar el cuerpo del agua. Las condiciones de su hallazgo y la ubicación hicieron que el juez decida esperar la llegada del perito de la familia, Alejandro Incháurregui y de un grupo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Una vez que esos actores estuvieron presentes, se lo pudo retirar para ser trasladado a la morgue del cementerio de Esquel. Durante esas interminables ocho horas, Sergio y Andrea permanecieron  al lado del cuerpo para preservarlo.

En la conferencia de prensa que brindaron al día siguiente desde la Universidad de la Patagonia en Esquel, Sergio Maldonado explicó que “fue muy duro estar siete u ocho horas con el cuerpo, por más que estuviera flotando, tuvimos que convivir con eso”. Y Andrea, la cuñada de Santiago dijo que no confían en nadie y que es por eso que estuvieron al lado del cuerpo para que nadie lo toque. “Desde el primer día fueron mentiras y hostigamientos”.

Las dudas de la familia sobre la posibilidad de “un cuerpo plantado” en el lugar, sustentadas por la existencia de tres rastrillajes anteriores con resultados negativos, son irrefutables. Según el informe del mega operativo del  18 de septiembre, el territorio fue revisado por tierra y por agua. “Los buzos hicieron un rastrillaje del río en el sector de territorio ocupado por la comunidad mapuche que comprende una extensión de 5,6 km”. Para llevarlo adelante, se dividió la zona en 7 sectores que se completaron. El “sector 4”, parte de la revisión por agua, fue donde encontraron el cuerpo de Santiago en el último rastrillaje. ¿Cómo no lo vieron?

Los medios saben más que los peritos

Desde el hallazgo del cuerpo y mientras la familia pedía “cautela”, “respeto” y “prudencia”, los diarios, radios y pantallas se llenaron de “expertos” que podían afirmar cuestiones relacionadas a la identidad, causa de la muerte y el tiempo que estuvo allí. Aún no se había realizado la autopsia, pero ya se sentían en condiciones de concluir.

La frase de la diputada electa Elisa Carrió “es como Walt Disney”, al pretender instalar la idea de preservación del cuerpo congelado por la temperatura de las aguas del sur, entre otras intervenciones irrespetuosas de funcionarios del gobierno nacional, caracterizaron el modo de tratar el tema. Mentiras, nuevas difamaciones y campañas contra los familiares, fueron la mecánica utilizada para preservar la “imagen” del gobierno. Culparon a la comunidad mapuche de esconder el cuerpo, de asesinarlo, culparon a partidos políticos opositores, pero siguieron protegiendo a la fuerza involucrada.

Paralelamente al discurso oficial, los infaltables periodistas afines al color político de turno, continuaron sembrando sus medios de noticias falsas. Publicaron supuestas afirmaciones que determinaban la causa de la muerte por ahogamiento, sacándolo totalmente del contexto represivo. Uno de los periodistas de Clarín, muy nombrado en estos días, no perdió tiempo y se paseó por todos los lugares que pudo para difundir datos hasta instalarlos como una “verdad”. Lo relacionado al “testigo e”, su supuesta intención de cobrar una recompensa por haber dado información certera, la difusión de un documento confidencial de la CIDH y demás falacias, no deberían quedar impunes.

Ni la intervención pública del juez Lleral respecto a la falsedad de esos datos, y la insistencia de dejar trabajar a la justicia y dar tiempo para llevar adelante la investigación, pudo frenar la campaña de estos medios.

La autopsia y su identificación

Los tatuajes y sus huellas digitales fueron los elementos que permitieron identificarlo y saber con certeza que era el cuerpo de Santiago Maldonado. Su familia fue quien lo confirmó, apenas pudieron hacerlo, luego que los forenses prepararan el cuerpo.

A las 22 horas del 20 de octubre, finalizó la autopsia que contó con el trabajo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, técnicos, laboralistas y peritos de las partes. En el interior de la sala donde se realizó la misma, asistieron 56 personas en total, incluyendo al juez Lleral y dos veedores. Se filmó en su totalidad con dos cámaras y se fotografiaron los pasos.

En el comunicado de la familia publicado ese día en su página oficial, expusieron su dolor y la necesidad de continuar exigiendo justicia para saber la verdad. “La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no terminará hasta obtener Justicia” (…) “Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al Juez Lleral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte. Todos. No sólo quienes le quitaron la vida sino los que, por acción u omisión, colaboraron en el encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda”.

El apoyo social y el reclamo por la verdad

Una nueva marcha convocada por la familia y organismos de derechos humanos, a tres meses de lo ocurrido, copó las plazas del país bajo el pedido unificado de Justicia. En la ciudad de Rosario, más de trece cuadras acompañaron el reclamo y en Buenos Aires las columnas superaron las 120 mil personas.

Entre las consignas y reclamos difundidos  en el documento de los organismos convocantes en Rosario, se hicieron escuchar el  “Juicio por encubrimiento al magistrado apartado de la causa, Guido Otranto”, “apartamiento de la fiscal del caso, Silvina Ávila, “Juicio por encubrimiento al presidente de la Nación Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich y su secretario Pablo Nocetti” y “repudio al encubrimiento y el tratamiento realizado por los medios de comunicación oficialistas”.

Lo mismo sucedió en Río Negro, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, San Luis, Neuquén, Bariloche, La Pampa, San Juan, Usuahia, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Formosa, Chaco, realizándose en cada localidad en sus diferentes puntos de encuentro. En el exterior, Viena, Paris, Madrid, Barcelona, Berlín. Amsterdam, Atenas, Londres, Turín, Brasilia, México; también convocaron a manifestaciones en apoyo al reclamo por Verdad y Justicia.

Una familia

Desde un principio y como suele ocurrir en casos donde las fuerzas represivas están involucradas, los familiares deben soportar un atropello a sus derechos mientras observan cómo se atenta contra la integridad de su familiar. En este caso, la utilización política y la intención de sembrar el odio contra las comunidades mapuches, hicieron que Santiago sea de todo un poco: un supuesto “terrorista”, un “violento”, un sujeto a investigar por lo extraño que suena “tener tres celulares”, o viajar, o ser amigo del “enemigo” mapuche,  y  más tarde, un bohemio artesano, tatuador y solidario.

Ante la catarata de mentiras que se difundieron por los medios y la saña el gobierno nacional, la familia creó una página oficial para desmentir cada información falsa. Como diariamente circulaban demasiadas noticias con datos inventados y mentirosos, tuvieron que hacer al revés: las noticias publicadas en ese sitio contaban con el aval de la familia al ser fieles a lo ocurrido.

La presencia mediática de Sergio, Andrea y Germán, su simpleza y mensajes concretos, los hicieron blanco de un permanente ataque. Hace poco, hasta existió una campaña de desprestigio contra el trabajo y la marca de té artesanal que tiene el hermano mayor junto a su pareja.

Pese a esto, fueron respetuosos con la prensa, pidiendo en cada oportunidad respeto por su dolor y que dejen de difundir cosas falsas. Como está ocurriendo por estos días, que “siguen apareciendo notas en algunos medios de comunicación con detalles y resultados (de la autopsia) que no surgen de las constancias de la causa y que no conocen nuestros peritos de parte” (…) “Es necesario permitir trabajar sin interferencias al Juez y la difusión de estas noticias no colabora a esa búsqueda de conocer la Verdad y obtener Justicia, que es lo único que perseguimos en esta causa”, difundieron en un comunicado el seis de noviembre.

En la misma sintonía están las declaraciones públicas del juez Lleral, cuando el lunes pasado dijo que “se habla tanto y muchas veces sin saber”, pero “establecer la causa de su muerte va a llevar un tiempo”. Definió que se están esperando los resultados completos de las pericias y que una vez que los reciba, junto a los peritos de las partes, pueden iniciar el proceso de conclusiones, teniendo en cuenta todas las pruebas que existen hasta el momento.

Mientras tanto y sin olvidar las responsabilidades del estado y el recorrido de la causa, continúa intacto en la sociedad el acompañamiento en el reclamo por Verdad y Justicia para saber qué pasó con Santiago Maldonado.

Comentar

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s