Balas de plomo para los que pedían alimentos

graciela acosta

A la militante social Graciela Acosta la asesinó un policía en las inmediaciones de un supermercado de Villa Gobernador Gálvez. Tras varias idas y vueltas y muchas irregularidades, el autor material fue sentenciado a 11 años de prisión. Los responsables políticos siguen impunes.

Por Fabián Chiaramello

Graciela Acosta se había mudado hacía apenas unos meses desde su Granadero Baigorria natal a Villa Gobernador Gálvez. Era viuda, se había separado recientemente de su segunda pareja y vivía con cinco de sus siete hijos en un pequeño departamento del Fonavi Guereño, al sur de la ciudad.

Graciela tenía 35 años y estaba desocupada, aunque —con un poco de suerte— hacía algún trabajo doméstico ocasional. Con sus hijos a cargo y una situación desesperante, pensó en una salida colectiva. Se sumó a un grupo de desocupados que luchaba por conseguir alimentos y planes de empleo. Al poco tiempo comenzó a participar del Movimiento Territorial de Liberación (MTL). Sus conocidos del barrio la describían como una vecina preocupada que militaba, no desde una formación política doctrinaria, sino por su gran solidaridad y por las necesidades que estaba atravesando.

El 2001 estaba a punto de estallar, la situación no se aguantaba más. Al igual que en todo el país, en Villa Gobernador Gálvez el hambre, la miseria y la desocupación eran insoportables. El 18 de diciembre se había corrido el rumor de que al día siguiente se iban a entregar bolsones de comida en distintos puntos de la ciudad. Graciela junto a sus compañeras y compañeros vieron que la cosa se ponía pesada —la represión y la militarización ya habían empezado hacía varios días—, por eso ese miércoles 19 no iba a salir de su casa.

Alrededor de las 17 del miércoles, preocupada porque uno de sus hijos no aparecía, salió a buscarlo. Cerca del supermercado La Gallega de San Martín al 2447, ahí le dijeron que estaba el pibe de 15 años. En el local comercial había alrededor de 400 personas que fueron a pedir alimentos. Graciela encontró a su hijo a unos 150 metros del lugar y trataba de convencerlo de que se vaya con ella. Desde ahí veían como distintas fuerzas policiales y personal de Gendarmería Nacional reprimían con gases, palos y tiros. Lo que no sabían es que también estaban disparando con balas de plomo. Una de esas atravesó la espalda y salió por el pecho de Acosta. Testigos vieron a varios policías y, al menos, a uno que disparó hacia ese lugar. Una compañera de militancia, Mónica Cabrera, estaba a su lado en ese momento, pero no pudo hacer nada para salvarla. Falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario pocas horas más tarde.

Testigos clave

El periodista Marcelo Nocetti vivía en Villa Gobernador Gálvez. Ese día volvía de visitar a su madre desde Rosario, con toda su familia arriba del auto, cuando pasaron por avenida Circunvalación y vieron a decenas de policías disparando con itakas en el barrio Las Flores. La imagen era escalofriante. Apenas llegó a su casa, llamó a LT8 —la radio en la que conducía su programa— y ofreció salir en auto a recorrer la ciudad y transmitir lo que pasaba, porque “era un quilombo”.

Ni bien llegó a la zona de La Gallega, lo recibieron dos policías “que parecían tortugas ninjas” por su armamento y uniforme, y le apuntaron en la cabeza. Les avisó que era periodista y lo hicieron correr del lugar. “En ese interín veo cómo parte de la policía estaba tirando con armas 9 milímetros, con el arma de mano, no con la Itaka que tira balas de goma”, relató. Un efectivo, vestido de azul, se le acerca y le dice: “Vos sos como Dios, estás en todos lados”. Nocetti ignoró eso y lo único que atinó a preguntar fue si con las pistolas también tiraban postas de goma. La respuesta del policía fue tajante: “Pero a estos negros de mierda si no es con plomo no los corrés”.

Luego de escuchar semejante declaración, vio un grupo de gente que se había amontonado a unos 150 metros. Cuando fue al lugar se encentró a Acosta tendida en el suelo y a su compañera Cabrera que gritaba: “Acá la tengo, acá la tengo”. Era la bala que le había salido por el pecho. “Cuando la veo tirada en el piso, en shock, con los ojos abiertos, sin pestañear, un negro profundo… No me olvido nunca más de esa sensación”, lamentó el testigo.

“Si no hubo más muertos fue por casualidad, porque este tipo tiraba a la mitad del cuerpo”, aseguró todavía sorprendido por la voracidad de la represión.

El periodista transmitió todo desde su celular. Lo que vio ese día lo contó cientos de veces, pero no tardaron en aparecer las amenazas y los ataques. Recibía llamados con intimidaciones todo el tiempo, incluso durante su programa de radio. Se tuvo que mudar a Rosario, pero los ataques siguieron. Nocetti aseguró que sin el apoyo de la Comisión Investigadora No Gubernamental (CING), que también integró, no hubiese podido seguir con la denuncia. Pese a la relevancia de su testimonio, pasaron varios meses hasta que fue citado a declarar y se empezó a mover la causa.

Otro testimonio clave fue el de Cabrera. Vio a tres policías que se dirigían hacia donde estaban ellas, uno iba con el “palo de goma” rompiendo los parabrisas de los autos que estaban estacionados y otros dos disparando con el arma reglamentaria. “Yo la veo que ella cae arrodillada y con los brazos duros, cae hacia atrás. Yo miro porque estarían a unos 35 o 40 metros de distancia, los de los costados venían disparando, el del medio venía con el bastón. El que venía a la derecha disparaba con la mano tendida y la pistola derecho, el otro disparaba más hacia abajo, ambos con la reglamentaria… Ellos dispararon y ella cae de inmediato”, relató con mucha precisión a la Comisión Investigadora en 2002.

Además de ratificar su testimonio en la Justicia, Cabrera aportó la bala homicida. La mujer creía que ese disparo estaba direccionado: por su reconocida militancia en el MTL y en el Partido Comunista, ella sería el blanco y no su compañera. Luego de su denuncia también fue víctima de distintas intimidaciones que incluyeron el allanamiento de su casa y un tiroteo frente a su vivienda. Hubo otros testigos que fueron amenazados y nunca se animaron a hablar.

Las vueltas de la (in)Justicia

Cabrera presentó el proyectil tres meses después del hecho. Sin embargo, el juez de Instrucción Osvaldo Barbero demoró más de un año el peritaje. La prueba, que consistió en la comparación de la bala con las armas de todo el personal de la comisaría 29ª, demostró que había sido disparada por una Browning calibre 9 milímetros, número 27941. La pistola pertenecía al sargento Luis Armando Quiroz.

Recién en diciembre de 2003 fueron imputados tres policías: el entonces comisario principal Julio José Abraham, el inspector Ignacio Siffredi y el autor del disparo. Los superiores de este último fueron beneficiados por “falta de mérito”, mientras que Quiroz fue procesado por homicidio simple en 2004. Ese sargento de la seccional 29ª era el mismo que había expresado con orgullo esa nefasta frase que recordó Nocetti: “A estos negros de mierda si no es con plomo no los corrés”. Tiempo después entendió por qué le había dicho “vos sos como Dios”. El efectivo hacía adicionales en el Hospital Gamen, donde trabajaba la mujer del periodista y cada vez que él la iba a buscar los veía. La defensa del uniformado utilizó, en un primer momento, esa “relación” como una carta para poner en duda el testimonio; eso le sirvió para demorar la causa unos meses.

El caso tuvo un revés muy duro en 2006: el juez de Sentencia Ernesto Genesio benefició a Quiroz con la libertad porque consideró que las pruebas no eran suficientes para confirmar la responsabilidad del policía. Casi un año más tarde, en diciembre de 2007, el fallo fue rebatido por la Cámara Penal al probar, nuevamente, la responsabilidad del sargento. Quiroz fue a condenado a 11 años de prisión por homicidio agravado.

Un año más tarde, el juez Barbero procesó por encubrimiento Abraham y Siffredi. El ex comisario de la seccional 29ª fue quien redactó el informe sobre lo que ocurrió ese día, pero “se olvidó” —según confesó— de anotar el nombre de Quiroz en la nómina del personal que participó de los hechos. El escrito también llevaba la firma del ex inspector de zona. Además de encubrir a sus subalternos, Abraham estaba a cargo de los operativos que terminaron en represión y muerte. Sin embargo, no fue procesado por esa responsabilidad.

La dilatación de una causa con sobradas pruebas y testimonios permitió garantizar la impunidad de los superiores dentro de la fuerza, pero también en el poder político. Por todas las muertes que dejó la represión del 2001, sólo dos policías fueron tras las rejas: Quiroz y el asesino de Pocho Lepratti. Responsables políticos: ninguno.

Entre esos últimos, además de las responsabilidades a nivel provincial —empezando por el entonces gobernador Carlos Reutemann—, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y los propios vecinos de Villa Gobernador Gálvez no dudaron en señalar al ex intendente peronista Pedro González. El mismo que una década más tarde propuso “matar a todos los que roban” para terminar con los problemas de inseguridad. “Cuando vino una comisión investigadora de la Cámara de Diputados yo declaré y fui muy duro con González, porque creo que él también dio las órdenes de reprimir a la policía local… Pero creo que nunca se va a saber eso, nunca se va a saber absolutamente nada”, analizó con resignación Nocetti.

Con la impunidad a la deriva

Como si el encubrimiento, la inacción judicial y tantos responsables impunes no fueran suficiente castigo, los hijos de Graciela fueron totalmente abandonados por el Estado. No recibieron ningún tipo de ayuda ni atención pese a que todos eran menores y algunos no tenían quien los cuide. Se separaron y vivieron cómo y dónde pudieron. Hace algunos años, uno de ellos —mientras una tía le pudo seguir el rastro— estaba viviendo en la calle, en la zona del parque, cerca del Monumento a la Bandera.

Ninguna metáfora: la imagen viva de la indiferencia y la impunidad estatal. Los responsables políticos y todos los que dieron órdenes ese día siguen en libertad mientras que los hijos, también víctimas, no tuvieron ni la mínima asistencia del Estado.

Por eso familiares, compañeros y compañeras y distintas organizaciones siguen reclamando justicia por el crimen de Graciela Acosta: esa madre desocupada que militaba para mejorar sus condiciones de vida, la de sus hijos y la de sus pares.

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