Delito invisible, impunidad garantizada

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En 2015 hubo al menos quince casos de muertes por balas policiales en la ciudad de Rosario, con trece víctimas menores de 25 años y todos de los barrios periféricos de la ciudad. Ante estos hechos el Poder Judicial prioriza la versión policial que busca justificar los asesinatos. Del otro lado, las familias de las víctimas comienzan a organizarse para afrontar juntos el camino a la justicia.

Por Martín Stoianovich

Al menos quince personas fueron asesinadas en Rosario en el año 2015 por balas de las fuerzas de seguridad del Estado. Otras dos murieron con la policía como partícipe con otras modalidades. Así, las estadísticas se van ensanchando y acumulando con similitudes cuantitativas y cualitativas. Por un lado, en Rosario se mantiene la cantidad de casos superior a la docena respecto de 2014. Por otro lado, se vuelven a repetir características que significan mucho más que casualidades: de los diecisiete casos en total, sólo dos víctimas superaban los 25 años de edad. Todos ellos, sin excepción, vivían en los barrios periféricos de la ciudad, aquellos sectores de la sociedad en donde sobran las balas y faltan las propuestas políticas para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía. Esta cifra, que no surge independientemente del contexto de violencia que todo Rosario viene sufriendo en los últimos años, se inscribe entre los más de doscientos homicidios con los que culmina el 2015.

Las similitudes entre cada caso del 2015 permiten que se hable de gatillo fácil, y que a su vez se acoplen a los denominadores comunes que este tipo de hechos presentan en todo el territorio argentino. Así, se deja ver una realidad que, más allá de los gobiernos de los que depende cada fuerza, describe a una problemática a nivel nacional. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una organización política y de Derechos Humanos integrada también por familiares de víctimas, realiza desde el año 1996 un registro de todos los casos de violencia institucional desde la vuelta de la democracia. Este año se dieron a conocer números que asustan: desde 1983 hasta el presente se contabilizaron 4.644 asesinatos a manos de las distintas fuerzas de seguridad del país.

De las modalidades utilizadas, predominan los fusilamientos y ejecuciones que caracterizan al gatillo fácil, con un 46 por ciento del total, y siguen las muertes en centros de detención, desapariciones forzadas, asesinatos en movilizaciones y protestas sociales, entre otras. También resulta alarmante que del total registrado, el 44,83 por ciento, es decir 3.070 casos, ocurrieron en los últimos doce años, en la etapa de la gestión kirchnerista a nivel nacional. Otro dato llamativo del relevamiento de Correpi está relacionado a una variable geográfica. Si se tienen en cuenta los casos de muertes a manos de la policía en relación a un índice provincial por millón de habitantes, la provincia de Santa Fe queda a la cabeza con un porcentaje de 171,86 casos.

Ante este número queda la ciudad de Rosario, como una de las más importantes de la provincia, liderando los números de 2015 en el terreno santafesino. Quince casos de gatillo fácil, una desaparición forzada y una muerte con características por demás de dudosas.

Jonatan Herrera, de 23 años. Alexis Rosales, de 23. Nelson Fuentes, de 24. Jonathan Belotti, de 22. Dante Fiori, de 25. Carlos Godoy, de 25. Maximiliano Zamudio, de 16. Marcelo Cañete, de 36. Facundo Rivas, de 22. Lucas Segovia, de 24. Ezequiel Fiori, de 24. Elías Martínez, de 18. Facundo Cárdenas, de 20. Jonatan Ojeda, de 17 y Martín Taborda de 27, son los casos de víctimas de balas policiales. Gerardo “Pichón” Escobar, de 23 años, fue víctima de desaparición y asesinato en un operativo del que, mientras se busca su esclarecimiento, se sospecha que participaron patovicas de un boliche y personal de la Comisaría 3ra de Rosario. Finalmente la muerte de Alejandro “Kikí” Ponce, también de 23 años, permanece entre dudas y se sospecha de la participación policial. Estos últimos dos casos coinciden en un macabro detalle: ambos cadáveres fueron encontrados en el río Paraná.

Pero más allá de las estadísticas, es necesario destacar en qué contexto tienen lugar estos hechos. En Argentina hay normas constitucionales y tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes que buscan regular el accionar policial. De esta forma, teóricamente la aplicación de la fuerza policial, como ser el uso de armas de fuego, debería adecuarse al marco legal nacional e internacional. Pero en estos casos, la teoría dista mucho de la práctica. La mecánica del gatillo fácil refiere a la ejecución o fusilamiento de una persona por parte de un agente de seguridad del Estado, superándose los límites impuestos por las normas jurídicas que regulan el uso de la fuerza. El gatillo fácil, entonces, es un procedimiento ilegal ejecutado por funcionarios públicos y por lo tanto es un delito por el cual se debe penar a sus responsables.

Pero para cada ley existe una trampa. En Rosario, detrás de cada presunto caso de gatillo fácil se construye un entramado que busca enmarcar los hechos dentro de las normas vigentes con fines de justificar las intervenciones policiales que concluyen con víctimas fatales. Así, se abre un panorama que muestra dos caras. Por un lado surge la versión policial que en la mayoría de los casos habla de enfrentamientos armados posteriores a intentos de robos, que aparecen como últimas alternativas luego de cumplir con el protocolo policial. Por otro lado, comienzan a surgir las versiones de los familiares de las víctimas, que cuestionan el accionar policial, hablan de pruebas plantadas, testigos falsos, amenazas, mentiras y complicidades judiciales que conducen las causas hacia el silencio, el estancamiento y la impunidad.

En el medio de estas versiones encontradas queda el rol del Poder Judicial, que debería bregar por el esclarecimiento de los hechos. En Rosario, ninguno de los casos de 2015 avanzó por el momento hacia el esclarecimiento. Respecto de los casos de gatillo fácil, sólo por el crimen de Jonatan Herrera, uno de quince, hay policías detenidos, pero que podrían quedar en libertad por el poco avance que presentó la causa a casi un año del hecho. En el resto de los casos predomina la libertad de los policías implicados y el estancamiento en las investigaciones. Los familiares de las víctimas apuntan contra la Unidad Fiscal Especial de Homicidios, que debería encargarse de investigar y acusar las responsabilidades en cada hecho. Argumentan que siempre se prioriza la versión policial y ni siquiera se avanza sobre las sospechas del accionar ilegal de la policía. La Fiscalía se limita a brindar información escueta en la inmediatez de los hechos que sólo favorecerá a la difusión urgente pero no a la visibilización, investigación y problematización de este tipo de casos. Tampoco los fiscales, en su rol como profesionales y funcionarios, aportan información sobre la investigación de los hechos. Miguel Moreno es uno de los fiscales de la Unidad de Homicidios, y tiene a su cargo la investigación de cuatro de estos casos. Cuando se lo intentó entrevistar para este trabajo, argumentó, a través de su secretaria, que “no le interesan las críticas de los familiares, y no va a dar explicaciones porque está seguro de las decisiones que toma en cada causa”.

Contrastes que inquietan

El año 2015 finaliza con un promedio de más de un caso de gatillo fácil por mes en Rosario y eso permite cuestionar por qué estos hechos se repiten y sostienen a lo largo del tiempo. Para el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, a cargo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, el trasfondo político es el escenario en el cual se teje la impunidad de la policía santafesina. “La cantidad de víctimas de la represión policial y ejecuciones, es consecuencia de la ausencia de un control político efectivo sobre la policía, y del comportamiento histórico que ha tenido la administración de justicia, de convalidar, legalizar y legitimar estas prácticas”, explica Ganón.

“Este fenómeno se ha ido acrecentando en los últimos años con una política de seguridad muy errática, que no muestra sanciones concretas y efectivas hacia los policías vinculados con el delito”, sostiene el defensor. La conclusión es sencilla: la falta de condenas sobre los delitos que comete la policía, prepara el terreno para la repetición de los hechos fabricando un marco de supuesta legalidad, que a la larga permite que las cifras sigan en aumento. Este contexto se genera a partir de los estancamientos de las investigaciones, o de las causas manipuladas mediante la predominancia de las versiones policiales en las cuales se basan los fiscales. Para Ganón, los motivos de este fenómeno se esconden detrás de un manto de complicidades: “La policía sabe que las ejecuciones sumarias están prohibidas y penadas por la ley con condenas muy severas. Entonces se presentan como situaciones en donde el ejercicio de la fuerza por parte de la policía está dentro del marco legal. Se manipulan las evidencias, se prepara y acondiciona la escena del crimen, se distorsionan los informes de autopsia y esto siempre está convalidado por la acción u omisión de la administración de justicia”.

“La policía sabe de qué forma presentar de una manera más o menos creíble las situaciones, para que puedan ser legalizadas por la aplicación de la ley a través de jueces y fiscales que tienen que investigar y sancionar estos delitos. En todos los casos se intenta presentar en un primer momento que las víctimas estaban cometiendo delitos o enfrentándose a tiros con la policía”, agrega el funcionario provincial. En un breve repaso por los casos que tuvieron lugar en Rosario durante el 2015, se puede apreciar cómo las irregularidades que menciona Ganón como frecuentes, son denunciadas también por los familiares de las víctimas de cada caso.

Los asesinatos de Dante Fiori, Carlos Godoy, Maximiliano Zamudio, Marcelo Cañete, Elías Martínez y Jonatan Ojeda, son los que hasta el momento desprenden las versiones oficiales y la de sus familiares, atravesadas por grandes diferencias. Para la Fiscalía, mediante las medidas realizadas hasta el momento en el marco de las investigaciones, son muertes productos de un enfrentamiento previo entre la víctima y los agentes de seguridad involucrados. En cambio, para los familiares y vecinos, que en algunos casos declararon como testigos, hay demasiadas irregularidades para dar por sentada desde un primer momento la hipótesis de enfrentamiento.

A Dante Fiori lo asesinó un empleado de la Policía de Investigaciones en la madrugada del 16 de abril de este año en pleno barrio La Sexta. La versión que difundió el fiscal Miguel Moreno a los medios de comunicación en las horas posteriores al hecho, supuso un intento de robo con enfrentamiento. Pero su familia recolectó testimonios en el vecindario, y sospechan que Dante fue fusilado sin ninguna explicación. Incluso los vecinos afirmaron que el arma que se encontró a metros del cadáver fue plantado por el propio policía. Según sus familiares, el chico no llevaba consigo ningún arma, sino una botella de vino que traía desde la casa de su hermana a donde había ido a cenar. En el barrio se comenta que el policía involucrado, actualmente ejerciendo sus funciones, frecuentaba el barrio por la noche y estaría vinculado a la venta de drogas, por lo cual se sospecha de algún conflicto previo que haya desencadenado el asesinato.

A Carlos Godoy lo mataron en las primeras horas de la mañana del 24 de mayo en el barrio Empalme Graneros. Los dos policías involucrados, del Comando Radioeléctrico y de Seguridad Vial, dirían después que hubo un intento de robo con enfrentamiento. Algunos vecinos, que declararon como testigos, vieron todo el suceso y si bien no niegan que hubo un intento de robo, aseguran que Carlos no había participado. Le dispararon desde atrás y lo remataron en el suelo. Un testigo cuenta que vio la escena a unos treinta metros, y escuchó cómo Carlos pedía por favor que no lo mataran. También hablan de un arma de fuego plantada a la víctima y de otras situaciones dudosas. Pero para el fiscal Miguel Moreno hasta ahora no se pudo refutar la hipótesis de enfrentamiento, por lo tanto los dos policías que mataron a Carlos están libres y en ejercicio de sus cargos.

Maximiliano Zamudio fue asesinado por un cabo de la Prefectura en la noche del 27 de mayo en los confines más angostos del barrio Tablada. Según las declaraciones de Miguel Moreno a la prensa, el chico de 16 años quiso robarle, junto a un compañero, al prefecto que se encontraba de civil en su Ford Falcon estacionado. El cabo explicó que el otro muchacho le dijo a Maxi que dispare, y fue entonces cuando se defendió y lo mató. Curiosamente, la prueba presentada por el prefecto para suponer la agresión, fue una culata de un viejo rifle de aire comprimido. La versión de la familia, por su parte, dice que Maxi estaba solo, que fue llamado por el prefecto y después de un breve diálogo éste le disparó en el pecho, para luego rematarlo con un tiro en la cabeza. El prefecto portaba un arma no reglamentada para su función y, según acusó la mamá de la víctima luego, entró al barrio con la clara intención de matar. Por estos días está imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, pero continúa en libertad.

A Marcelo Cañete lo mataron policías del Comando Radioeléctrico en otro supuesto enfrentamiento. Fue el 5 de julio pasado en barrio Ludueña, luego de que, según contó el fiscal Moreno, Cañete discutiera con otros vecinos. Primero intentó intervenir la Policía de Acción Táctica, y luego llegó el Comando. Moreno dice que Cañete quiso huir iniciando el enfrentamiento que finalizó con su vida. Pero los familiares y vecinos vuelven a contradecir estas suposiciones. Una denuncia enciende la alarma: según la familia, a Cañete la policía se lo llevó con vida con un solo disparo en una pierna, y llegó dos horas después al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez con un total de cinco disparos.

A Elías Martínez lo asesinó la Policía de Intervención Barrial el 28 de agosto de 2015, en barrio Rucci. Según la versión oficial Elías se escapaba de un robo a bordo de una moto junto a un compañero, cayó al suelo al impactar con una loma de burro y murió al instante. Pero el cadáver de Elías tenía un disparo en el omóplato. La policía volvió a hablar de enfrentamiento pero esta vez ni siquiera hubo un arma por parte de los supuestos ladrones. El día del hecho, un vecino dijo a los medios de comunicación que Elías había comentado que estaba “en la lista negra de los malos policías” desde que había sido investigado por el crimen de un sumariante de la Brigada de Investigaciones. Por este caso fueron detenidos cinco policías que quedaron en libertad a los pocos días, luego de pagar una fianza de cinco mil pesos.

Jonatan Ojeda, que estaba cumpliendo prisión domiciliaria por decisión de una jueza de menores, fue asesinado por un cabo primero de la Subcomisaría 22 el pasado 15 de octubre, en barrio Bella Vista. La versión del fiscal Florentino Malaponte dice que Jonatan robó a una señora, quien dio aviso a un policía vecino que se encontraba de franco. Este hombre buscó a Jonatan en su auto y, según relató luego, al encontrarlo se desató el supuesto enfrentamiento. El chico murió con un disparo en el rostro y el auto del policía quedó con un impacto de bala en el paragolpes. Un tío de Jonatan declaró al diario La Capital que el revólver calibre 32 hallado en la escena del crimen fue plantado. El policía no fue detenido pero sí se le puso custodia en la puerta de su domicilio.

Detrás de cada caso surgen las historias de estos chicos asesinados por la policía. Algunos de ellos tenían antecedentes, habían estado detenidos o atravesado algún tipo de conflicto con las fuerzas de seguridad. Sobre otros casos, los familiares aseguran la inocencia de las víctimas. Otros no niegan la vinculación de los chicos con distintos tipos de actividades delictivas, pero sí cuestionan los procedimientos policiales. También apuntan contra el Poder Judicial que pareciera sentenciar de antemano: los antecedentes de las víctimas fatales alcanzan para creer que son certeras las versiones policiales que hablan de intentos de robos y enfrentamientos. Entonces, se juzga a la víctima por su pasado y sus asesinatos parecieran ser sentencias del destino y no resultados de prácticas ilegales de una institución estatal. Los familiares hablan de listas negras, de amenazas, de policías que mantienen sus negociados y someten a los chicos a sus redes delictivas. El nombre de Luciano Arruga, adolescente asesinado por la policía bonaerense por negarse a robar para ellos, surge como paradigma de un entramado jamás investigado pero que siempre está presente en las barriadas populares. Padres, madres, hermanos y amigos de los chicos que mató la policía conocen, a veces muy de cerca, estos eslabones invisibles del crimen organizado. Por eso los temores a la hora de denunciar, porque las amenazas de la policía continúan a pesar de las muertes.

Una herramienta contra el silencio

Ante este escenario con el que culmina el año 2015, queda explícita una realidad: en Rosario hay casos de gatillo fácil que no son condenados, y ni siquiera son esclarecidos. La impunidad no sólo implica la falta de condena a los autores materiales de estos crímenes, sino que también permite que esta modalidad vuelva a repetirse, cada vez con instrumentos más firmes que alimentan su consolidación. Detrás de cada policía responsable de un caso de gatillo fácil, hay una institución que logra sostener su conducta delictiva al no desmantelarse nunca la estructura que la sostiene. Y este escenario no es preparado y ejecutado sólo por la complicidad política y judicial, sino que también encuentra reparo en los sectores de la sociedad que, por acción u omisión, miran para otro lado.

En este plano quedan involucradas las empresas mediáticas que replican a rajatabla los discursos oficiales que llegan a la sociedad. En los hechos en los que está involucrada la policía, para los grandes medios de comunicación la principal fuente siempre es la propia fuerza o, en el caso de Rosario, los fiscales que investigan a través de la misma. De esta manera se produce un verticalismo comunicacional, que baja desde las cúpulas del poder los discursos con los que los medios de comunicación moldearán la opinión pública que se replicará en el resto de la población.

Entonces, de esta forma, para el grueso de la sociedad los pibes muertos por el gatillo fácil de la policía son delincuentes abatidos en enfrentamientos, aunque las investigaciones en cada caso nunca lo confirmen. Así, el desgarrador grito de una madre que pide justicia y esclarecimiento, termina opacado por el estigma que la sociedad deposita sobre los pibes de las barriadas populares. La muerte no se cuestiona cuando golpea las puertas de un humilde rancho de las periferias de la ciudad. La muerte no se investiga cuando es decisión del Estado a través de sus aparatos represivos. La justicia, como las ambulancias, tampoco entra por los angostos caminos de barro de la Rosario olvidada.

El 10 de junio de 2015, los familiares de Dante Fiori fueron detenidos mientras se manifestaban en las puertas de la Fiscalía de Homicidios. Exigían, junto a otras familias, que el fiscal Miguel Moreno informara sobre los avances de las causas. Pero fueron maltratados y detenidos en la Comisaría 2ª, y nunca escucharon la voz del fiscal. En la segunda mitad del año la lista de víctimas de balas policiales se duplicó, como así también se multiplicaron los gritos de justicia de sus familiares. Algunos de ellos, con la compañía de organizaciones sociales, políticas, gremiales y de Derechos Humanos, comenzaron a ver la necesidad de aunar los caminos recorridos contra la impunidad. En esta pelea ingresan también los familiares de víctimas de otros tipos de prácticas ilegales de la policía, como son los casos de desaparición forzada de Franco Casco y Gerardo Escobar. De esta manera se permite ver un horizonte que surge como respuesta a una necesidad colectiva de enfrentar la desolación con la que cada familia se encuentra a la hora de pararse frente a las instituciones estatales.

Ante este panorama los medios de comunicación La Brújula y Enredando toman una posición clara. Es necesario forjar herramientas que difundan los hechos y sobre todo visibilicen la problemática, para poder generar un discurso alternativo que vaya en contra del silencio y la desinformación. Para esto resulta necesario ahondar en las historias de las víctimas del gatillo fácil y profundizar en el testimonio fundamental de sus familiares y allegados. Tanto el relato de los hechos como cada reportaje fotográfico, intentan reflejar casos que no son aislados, sino que se reúnen como consecuencias de un entramado sistemático. Porque la historia de un pibe asesinado por la policía, es la historia de muchos otros. Y merecen ser contadas.

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