En el fondo del barrio que lo vio crecer

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A Carlos Godoy primero lo sentenciaron a muerte y después le imputaron robo y resistencia a la autoridad. El tiempo pasa mientras sus familiares esperan que la investigación esclarezca los hechos

Por Martín Stoianovich

Un recuerdo de todos los días

A los últimos metros del barrio Empalme Graneros, barrio periférico de la ciudad de Rosario, todavía no llegó el pavimento. Tampoco las cloacas, ni el agua potable, ni la luz. A los últimos metros del barrio Empalme Graneros no llegaron muchos de los derechos básicos. Cuenta Vicente Godoy, vecino de 61 años, que hace rato dejó de pasar el recolector de basura con frecuencia, y que las ambulancias nunca entraron. El barrio se transforma, por sectores, en un paisaje de calles angostas de tierra que se abren hacia los descampados del fin de la ciudad. Desde arriba del puente de Avenida Sorrento, que separa Empalme Graneros del barrio Parque Casas, se ve una panorámica de la desigualdad. A lo lejos se asoman las inmensas torres paridas por el boom inmobiliario que bordean al centro rosarino. De cerca, quedan a la vista las arboledas del Bosque de los Constituyentes, los rancheríos levantados con lo que se pueda tener a mano y algunas construcciones de ladrillos que toman forma muy de a poco. Desde arriba de ese mismo puente, en la mañana del 24 de mayo de 2015 la policía le dio el primer disparo al hijo de Vicente, Carlos Godoy de 25 años, para luego rematarlo en el suelo. Vicente, cuenta también, que a los últimos metros del barrio Empalme Graneros tampoco llegó la justicia.

Vicente y Deolinda son pareja desde la adolescencia, pastores evangélicos y padres de ocho hijos. Patean las calles de Empalme Graneros desde hace más de veinte años, y viajan por distintos lugares del país por su trabajo en la iglesia. Dialogan con mucha tranquilidad. Vicente habla con una voz muy suave y sin apresurarse. Ceba mate y lo ofrece de la misma manera. Deolinda destila amabilidad. Los dos mantienen en cada ocasión la costumbre, cada vez menos frecuente en estos tiempos, de saludar con un beso en cada mejilla.

Cuando asesinaron a Carlos, todos los familiares y amigos se movilizaron con cortes de calle en la avenida Sorrento. Desde aquellos días, Vicente y Deolinda sufren por duplicado. Por un lado la pérdida de su hijo.  Pero también por las cosas que dicen de él en los diarios, en la televisión, en la radio o en la propia Fiscalía de Homicidios. Como sucede frecuentemente, de Carlos se dijo que estaba robando y que tuvo un enfrentamiento con la policía.  Pero Vicente destaca en todo momento que su hijo nunca había robado. Se empeña en destacar y repetir que el informe policial del día en que lo mataron detalla que Carlos llevaba su recibo de sueldo en el bolsillo.

Carlos nació el 9 de agosto de 1989, hizo la primaria completa y no alcanzó a terminar la secundaria. Fue a la iglesia toda su vida y laburó desde muy pibe. En los últimos tiempos tenía dos trabajos. Creía necesario sostenerlos para poder cubrir las necesidades de la familia que había formado con su pareja y su hijo Benjamín, de cuatro años. De lunes a sábados, de ocho de la mañana a dos de la tarde, hacía tareas de maestranza en una distribuidora de alimentos ubicada en Provincias Unidas al 700, donde trabajaba desde hacía más de tres años aunque lo habían blanqueado en agosto de 2014. Por la tarde trabajaba en un taller mecánico.

“De tan cariñoso era cargoso ya”, cuenta su padre sentado en una silla en la puerta de su casa. Vicente y Deolinda tienen la costumbre de sentarse a tomar mate en la vereda. Saludan a cada vecino que pasa, la mayoría de ellos conocidos de la capilla. Cuentan que Carlos, que vivía a pocas cuadras, pasaba cada día a saludarlos. “Te abrazaba, era muy besuquero, muy amoroso”, agrega Deolinda. Durante toda la charla sostiene entre sus manos un cuadro con una foto de Carlos haciéndole upa a su bebé. Dicen que desde que lo mataron, todos los días al menos por un instante llegan los recuerdos de Carlos.

Pero antes que mataran a Carlos la familia Godoy había conocido de cerca a la muerte de un familiar por parte de la policía. El 2014 fue un año que atravesó la tristeza de la familia marcándola con la sangre de los más jóvenes.

Primero fue la noche del 14 de septiembre cuando Mauricio Gómez, de 24 años y nieto de Vicente y Deolinda, fue asesinado por un policía que luego reportó un enfrentamiento. Sus amigos, en cambio, contaron que habían salido con Mauricio de un cumpleaños de 15 y caminaban por el barrio cuando vieron llegar a la policía y empezaron a correr. El chico fue alcanzado por dos balas policiales que le quitaron la vida. El hecho todavía espera ser esclarecido.

Días después, ya en octubre, tuvo lugar otro episodio. Franco Casco, de 20 años, llegó desde la localidad bonaerense de Florencio Varela a visitar a sus primos, y se hospedó en la casa vecina a la de Vicente y Deolinda. Ramón, el papá de Franco, es sobrino de Deolinda, y los pibes de la familia mantenían la relación a pesar de la distancia. Después de una semana en Rosario, cuando Franco pretendía volver a Buenos Aires, fue detenido en la Comisaría 7ma, de donde desapareció por más de veinte días hasta que fue encontrado su cadáver en el río Paraná.

Los vecinos del barrio que vieron cuando la policía mató a Carlos, cuentan que el pibe, luego del primer disparo, quedó de rodillas, y pidió por favor que no lo mataran. Pidió por su hijo, por su pareja, por su vida. Pero no hubo caso. Ahora, Vicente y Deolinda, y toda la familia Godoy, buscan justicia.

El barrio lo vio todo

La noche del 23 de mayo Carlos estuvo un rato en lo de un amigo del barrio y luego se fue a lo de la suegra, a comer un asado con su pareja, su hijo y su cuñado. Cerca de las siete y media de la mañana del domingo se levantó y se fue a su casa. Estaba preocupado por su casa, que había pasado la noche sola, y se fue a asegurarse que estuviera todo en orden. Dejó a su familia durmiendo y encaró a pie. Subió el puente de Avenida Sorrento a la altura de calle Cavia, y caminó bordeando el pavimento, cruzando por el puente al arroyo Ludueña, para entrar por calle Garzón al barrio Empalme Graneros.

De repente, una bala impactó de atrás  y cayó por una escalera de treinta escalones que conecta el puente con Garzón. Rodó hasta llegar al piso, caminó unos quince metros y se desvaneció. Las versiones sobre lo que sucedió esa mañana no abundan en detalles y aún no hay nada esclarecido.

Era temprano pero en el barrio ya había vecinos en la calle o en las puertas de sus casas. Cuando la policía disparó se armó un revuelo inmediato de personas que, según indican, alcanzaron a ver lo sucedido y distinguir la participación de dos policías a bordo de una moto. A los pocos minutos llegaron patrulleros que hicieron un cordón policial sobre el cuerpo de Carlos. Los vecinos que se acercaron para saber de quién se trataba, tuvieron que esperar varios minutos y soportar agresiones verbales y físicas. Detrás de los uniformados, estaba sin vida el cuerpo de Carlos Godoy, tirado en el suelo y envuelto en tierra, a metros de un volquete de cual rebalsaba basura.

Una vecina del barrio que fue testigo de los hechos y declaró en la causa, prefirió preservar su identidad pero relató una vez más lo vivido aquella mañana. La noche del sábado prácticamente no durmió porque su hijo de 18 años estaba festejando el cumpleaños en la casa, por lo cual llegando al amanecer prefirió quedarse despierta esperando que se fueran los invitados. “No te arrimés porque te quemo”, le dijo un policía cuando intentó acercarse para reconocer el cadáver. Le pidió a los policías ver de quién se trataba para avisar a los familiares, y recibió una respuesta que todavía retumba en su más profunda bronca: “Dudo que un delincuente tenga familiares, y si tiene que vaya a la comisaría y le digan ahí”.

Para la policía, el caso de Carlos Godoy refiere a la muerte de un delincuente en un enfrentamiento. Como si fuera casualidad, las versiones policiales coparon los medios de comunicación y los discursos de Miguel Moreno, fiscal de turno la Unidad de Homicidios.

Los policías que participaron del hecho son José Arturo Villalba, agente del Comando Radioeléctrico, y Daniel Alberto Sabater, agente de la Policía de Seguridad Vial. En sus declaraciones explican que aquella mañana se dirigían a realizar horas extras y cuando cruzaban el puente de avenida Sorrento, los dos en la moto de Villalba, comenzaron a ver algunos movimientos. Primero vieron que un vehículo que venía por la mano contraria realizó una maniobra brusca. “Como esquivando algo”, dijo uno de ellos. Y que delante de la moto circulaba un auto que de repente bajó su marcha y un instante después aceleró. Cuando la calle quedó despejada, vieron a dos personas que se cruzaron y tiraron un tronco al pavimento. Los policías frenaron, bajaron de la moto y dieron la voz de alto, pero fueron agredidos con disparos de arma de fuego. “No les queda otra opción que repeler la agresión con sus armas provistas”, dice el expediente. Según este relato, los supuestos delincuentes se dieron a la fuga disparando mientras bajaban por la escalera del puente. Al llegar al pie, continuaron disparando mientras uno alcanzó a fugarse y el otro cayó a los pocos metros.

Después llegaron otros patrulleros que revisaron la escena de los hechos, informaron a las autoridades judiciales y realizaron los procesos formales necesarios. El informe del legajo dice que encontraron un revólver calibre 22 largo a unos cuatro metros del cuerpo de Carlos. Sobre el pavimento de avenida Sorrento encontraron cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros, y en el resto de la escena dos vainas servidas de calibre 11.25. También se especifica que en uno de los bolsillos del pantalón de Carlos se encontraron tres cartuchos intactos del mismo calibre del arma que encontraron a metros del cadáver.

Otra de las vecinas del barrio que presenció el asesinato de Carlos y también declaró como testigo, dijo que vio al chico bajando la escalera, mientras arriba del puente dos personas se tiroteaban con la policía. Incluso reconoció a los supuestos ladrones y brindó sus nombres de pila, que quedaron a disposición de la investigación. Otro testigo contó que reconoció a Carlos por haberlo visto en la iglesia, y vio cómo mientras iba bajando la escalera un policía afirmado a la baranda del puente le disparó. También vio cómo el mismo policía bajó del puente y alcanzó a Carlos cuando ya estaba tirado en el piso. Dice que entonces se puso un guante blanco y le disparó a Carlos de frente, mientras que el chico, protegiéndose la cabeza, pedía por favor que no lo mataran. El mismo relato se desprende de otro testigo, que agrega que además el policía le pegó una patada al cuerpo una vez que estaba inmóvil. En las mismas declaraciones especifican que vieron a los policías plantando un revólver a pocos metros del cadáver, y arrojando algunas vainas al piso.

“Lo terminó de matar como si fuera un perro. Esto ya estaba como planeado, como se fugaron los que robaron, agarraron al primer perejil que pasó por ahí”, dice uno de los testigos por estos días. Los policías dicen que pidieron una ambulancia a pesar de que Carlos estuviera sin vida, porque el agente Villalba tenía dolores en el pecho, causa de dos impactos de bala que dieron en su chaleco. Los testigos que declararon ante el fiscal, al decir que los policías vestían camisas blancas sin mencionar que llevaban chalecos, tornan esta versión un tanto inverosímil. Los padres de Carlos sospechan que las balas en el chaleco son una parte más del armado de la escena a fin de justificar el asesinato.

Empalme Graneros de pie

“No me mates, por favor, tengo familia, tengo hijos, no me mates”, dice hoy Vicente.  Recrea en primera persona lo que pudo reconstruir, a través del testimonio de los vecinos, como las últimas palabras de su hijo. “A todo el mundo le pregunto, al fiscal Moreno y a los abogados. Quiero que me digan y me muestren dónde está la ley que dice que los milicos tienen el derecho de matar a una persona sin que haya motivo”, agrega. Hay desconcierto en la familia Godoy, porque a poco de un año del hecho no hay ningún tipo de esclarecimiento.

La última información brindada por la Fiscalía de Homicidios dice que se ordenó realizar una reconstrucción integral del hecho, a través de testimonios, pericias de planimetría y rastros que dejó la investigación. Esta medida la realizará la Policía de Investigaciones (PDI), y luego se realizará un procedimiento similar a cargo de otra fuerza que todavía no fue designada. La idea de estos pasos a seguir, según manifestaron fuentes de la Fiscalía, es “determinar y corroborar de qué manera ocurrió el hecho ya que hay testimonios totalmente antagonistas en el relato de lo sucedido”. Pero para la familia Godoy el disgusto es que no se haya avanzado antes sobre estos aspectos, porque de esta manera se prolonga la libertad de los policías implicados.

La causa no tiene detenidos ni imputados, y el fiscal decidió desde un primer momento dejar a los dos policías en libertad. “Moreno ordenó que con los dos empleados policiales no se tome ninguna medida, solamente se los notifique que se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo calificado, resistencia calificada a la autoridad agravada por el uso de arma de fuego y homicidio. Que a las armas se le realicen pruebas balísticas y sean reintegradas”, detalla el legajo de la causa en un parte firmado por el Comisario Principal Ramón Ríos, Segundo Jefe de la Jefatura Judicial Región IV.

La causa da la fuerte impresión de que Carlos Godoy está posicionado como culpable del hecho que terminó en su muerte, cuando ni siquiera está comprobado y cuando varios testigos aseguran que no estaba participando del intento de robo que se desató sobre el puente de avenida Sorrento. La Subcomisaría 20, por tener jurisdicción en la zona del hecho, intervino en un primer momento y elevó su informe al Departamento Científico Forense en el cual Carlos figura como imputado bajo la descripción “N/N” y los policías son considerados víctimas. Luego la Fiscalía inició las actuaciones por tentativa de robo calificado y resistencia calificada a la autoridad. A Carlos primero lo sentenciaron a muerte, y luego le imputaron un delito. Así es como toma forma el marco legal que suele terminar amparando a la figura del uso de legítima defensa.

Así también se replicó el mensaje a la sociedad. “Puso un tronco en un puente para asaltar a conductores y lo mataron”, tituló La Capital en una nota sin firmar que sale publicada el lunes 25 de mayo, sentenciando de primera mano a Carlos. “Uno menos. Motivo para festejar”, dice, por ejemplo, uno de los tantos comentarios que figuran al pie de la nota en el portal web de este medio. Así funciona la mecánica del discurso que condena sobre prejuicios: en los tribunales, en los medios y en las calles.

Pero los Godoy no aflojan. Quieren esclarecimiento y condena para los asesinos de Carlos pero también quieren borrar el discurso que se armó sobre su vida y sobre su muerte. Después de estar un tiempo a la deriva, Vicente y Deolinda tomaron contacto con el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para poder constituirse como querellantes. Lo lograron después de varias audiencias en las que el fiscal se oponía.

Vicente manifiesta sin reparos la disconformidad de toda la familia con la forma de trabajar que llevó hasta el momento Miguel Moreno. “La relación es complicadísima”, dice en este sentido, y aclara que en el último tiempo prefirió que del diálogo se ocupen los defensores del Servicio Público. Hay un episodio al que refiere Vicente que deja de manifiesto una gran falencia de la Fiscalía. Cuando pidió informes sobre el caso, Moreno le explicó que a Carlos le habían tirado por la espalda, que luego él se dio vuelta y le disparó al policía, y como respuesta recibió un tiro en la boca. Le mostró fotos de un cadáver con la cabeza repleta de perdigones y al otro día lo llamó explicándole que se había equivocado de caso.

“Le dije al fiscal que no somos personas de estudio, de ciencias. Que somos personas comunes y corrientes pero cualquiera se da cuenta que todo lo que están haciendo es una mafia”, cuenta Vicente. Desde su disconformidad sentencia: “Parece el defensor de los milicos, porque cada vez que habla tira para el lado de ellos”. Los padres de Carlos creen que la Fiscalía desestima el testimonio de los vecinos testigos que se acercaron a declarar para desmentir la versión oficial, y consideran que por el contrario valoran un único testimonio de un camionero que pasaba por el lugar y cuyo relato coincide con el de los policías. En un pasaje del legajo de la investigación, se menciona que este camionero realiza traslados para la policía. La evidente desconfianza de la familia Godoy a la Fiscalía tiene sus razones.

“Queremos que se haga justicia y que estos hombres paguen por lo que han hecho con nuestro hijo”, es el mensaje que deja Vicente. Sobre los días posteriores al hecho, recuerda que vivieron mucha hostilidad por parte de la policía. En la Subcomisaría 20 cuando fueron a preguntar los ignoraron y no le dieron ninguna información, de la misma forma que en el Instituto Médico Legal no les permitían reconocer el cuerpo. Incluso fueron agredidos en las movilizaciones que realizaron en el puente de avenida Sorrento exigiendo justicia. “Llegaron policías, uno cargó el arma y preparó para tirar. Primero amenazó a los chicos, los apuntaba a corta distancia. Les puso el arma en el pecho. Pero alguien gritó que lo filmen y ahí dejaron de amenazar”, dice Vicente.

El asesinato de Carlos Godoy suma muchos aspectos que lo caracterizan como un caso de gatillo fácil. La familia sospecha de la versión oficial, hay testigos que contradicen el relato y hablan de pruebas plantadas y amenazas constantes. “Hay que demostrar lo que ellos son, que lo que ellos dicen no es así”, se convence Vicente y destaca el apoyo y el cariño de sus vecinos. Quieren justicia y Empalme Graneros acompaña. Por Carlos, el pibe que se crió, creció y mataron en el fondo del barrio.

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